La norma justifica el retraso con varios argumentos. El más sólido es la limitación de recursos (personal y presupuesto) de muchas entidades, especialmente en educación. Sin embargo, el texto critica duramente otros razonamientos: la supuesta sobreestimación del papel de la inteligencia artificial (que no figuraba en la norma original), las dudas sobre la aplicabilidad de WCAG 2.1 (consideradas jurídicamente arriesgadas) y la idea de posibles demandas impulsadas por actores extranjeros, calificada como poco creíble. También se señala que el Departamento de Justicia estaría “premiando la ignorancia” al conceder más tiempo a instituciones que no comprendieron correctamente la normativa previa.
Aunque la medida solo modifica los plazos y no los requisitos, se anticipa una posible revisión futura de la norma que podría afectar aspectos clave como el uso de WCAG. En cualquier caso, se subraya que la obligación de garantizar la accesibilidad web sigue vigente y que las entidades deben continuar avanzando en su cumplimiento pese a la incertidumbre regulatoria.
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