En abril del año pasado comenté por aquí que el Gobierno de España ya había aprobado el anteproyecto de ley que transpone la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, la llamada "Ley Europea de Accesibilidad". El objetivo de esta Directiva es:
Artículo 1
Objeto
El objetivo de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior mediante la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo relativo a los requisitos de accesibilidad exigibles a determinados productos y servicios, en particular eliminando y evitando los obstáculos a la libre circulación de productos y servicios derivados de las divergencias en los requisitos de accesibilidad en los Estados miembros.
Esta Directiva debía ser transpuesta a la legislación española antes del 28 de junio de 2022. Estamos a 8 de febrero de 2023 y todavía no ha sido transpuesta.
La transposición de esta Directiva estuvo abierta a consultas públicas previas durante el mes de diciembre de 2020 en CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DE LA NORMA DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/882 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 17 DE ABRIL SOBRE LOS REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS:
El 18 de agosto de 2022, el CERMI denunció que España incumplía el plazo máximo de transposición de la directiva sobre requisitos de accesibilidad de los productos y servicios:
España ha incumplido el plazo máximo establecido por la Unión Europea para transponer al Derecho español la Directiva (UE) 2019/882 de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, que vencía el pasado 28 de junio.
A pesar de que esta Directiva europea fue adoptada en 2019, con un generoso plazo de transposición, el Estado español ha infringido el límite máximo para convertir en derecho nacional este cuerpo normativo que establece unos parámetros comunes de accesibilidad a determinados bienes y servicios.
El incumplimiento por parte del Gobierno español, en concreto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de este compromiso europeo expone a nuestro país a la apertura de un procedimiento de infracción por inobservancia de la legislación europea.
En el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 17 de noviembre de 2022 aparece el proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios.
Bueno, esperemos que se apruebe pronto esta ley que ya tiene más de 6 meses de retraso.
